Desde la Cátedra de Historia del Movimiento Obrero Nacional e Internacional nos sumamos a la Semana de la Memoria que desarrolla la Facultad de Ciencias Sociales en conmemoración de los 40 años de la Democracia. Esta síntesis acompaña la reflexión y se complementa con el testimonio de un histórico sindicalista, Victorio Paulón, registrado en la clase que nos brindó hace unos años.
El retorno de la democracia en 1983 fue el resultado de procesos de resistencia y organización popular. La Dictadura cívico militar de 1976 había desarrollado un plan contra los sindicatos que incluía la represión directa a través de asesinatos y desapariciones de dirigentes, delegadas y delegados gremiales, pero también una serie de leyes y decretos que desarmaban el derecho laboral, destruían muchas conquistas obreras e impedían la organización gremial.
A pesar de ello, varios sindicatos realizaron medidas de protesta y resistencia, entre ellos se identifica la “Comisión de los 25” que mantuvo una posición crítica y derivó en la formación de la CGT Brasil, protagonista de las medidas de fuerza en el último tramo de la Dictadura. En estas luchas también se encontraron con un fuerte movimiento de Derechos Humanos liderado por organizaciones clave como las Madres de Plaza de Mayo.
A partir de 1983 las organizaciones trabajadoras jugaron un papel crucial en la defensa de los derechos laborales y en la consolidación de la democracia. La llegada a la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) estuvo marcada por un espíritu de recuperación de los valores republicanos, los juicios a los responsables de la Dictadura cívico militar y la intención de promover una refundación de la Argentina. Estas tareas enfrentaron tanto las presiones del poder económico (a través de los denominados “capitanes de la industria”) como los alzamientos militares (que limitaron el alcance de los juicios) y la situación internacional desfavorable, en un contexto de “crisis de la deuda” de países latinoamericanos.
La relación con los sindicatos fue marcada inicialmente por las tensiones derivadas del proyecto de reordenamiento que llevó adelante el ministro Antonio Mucci. El enfrentamiento favoreció la unidad de la CGT y estuvo caracterizado por trece huelgas generales con el liderazgo del Secretario General de la CGT, Saúl Ubaldini. Posteriormente, y con los sucesivos ministros, se dio paso al diálogo que derivó en la sanción de leyes favorables a trabajadoras y trabajadores, como la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales.
La situación económica se agravó en 1989 y la crisis económica y política impactó en todos los sectores. La entrega anticipada del gobierno a Carlos Menem (1989-1999) generó expectativas en las organizaciones sindicales, pero poco después se comprobó que el nuevo proyecto significaba la aplicación plena de las políticas del neoliberalismo: un programa de privatizaciones de empresas públicas que sostuvo una estabilidad inicial y medidas de precarización laboral que impactaron en la vida y el trabajo de toda la sociedad.
El gobierno contó con el apoyo local del poder económico, de sectores eclesiales y aún de sectores militares beneficiados con el indulto a los condenados por crímenes de lesa humanidad. A nivel internacional estrechó vínculos con los Estados Unidos y sufrió dos atentados contra objetivos de la comunidad judía, que marcaron su gobierno, dejaron centenares de muertos y nunca fueron aclarados. La posición de la CGT se vio dividida, mientras un sector participaba y apoyaba medidas gubernamentales, el movimiento de trabajadores argentinos (MTA) se opuso. Surgió otro agrupamiento sindical crítico: la Central de Trabajadoras y Trabajadores Argentinos, que incluía sindicatos y también afiliados provenientes de otro tipo de organizaciones, como los nuevos movimientos sociales.
Las políticas económicas derivaron en cierre de empresas y aumento de la desocupación, lo que se hizo visible en casos como el de YPF, empresa que resultaba la principal fuente laboral de algunas ciudades del país. La situación social extrema llevó a que se desarrollen cortes de ruta en distintos lugares y surgieron así las organizaciones de desocupados y desocupadas, conocidas inicialmente como “piqueteros”. La articulación con otras estrategias de supervivencia en barrios populares de las grandes ciudades dio lugar a la formación de varios movimientos de desocupadas y desocupados.
El gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) recibió una economía con dificultades de crecimiento, lo que derivó rápidamente en una crisis económica y social. En tanto, la relación con la CGT se veía empañada por proyectos de reforma laboral y acusaciones de corrupción en el Senado. La limitación de acceso a fondos y depósitos para toda la población profundizó la protesta social y culminó con su renuncia.
La crisis de 2001 tuvo una gravedad inédita, con cesación de pagos internacionales, aumento de la desocupación y la mitad de la población en la pobreza. El proyecto llevado adelante por Eduardo Duhalde (2002-2003) inició una estabilización de las variables económicas pero se vio empañado con la represión de la protesta popular, expresada en el asesinato de dos líderes sociales, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en junio de 2002.
La recuperación efectiva quedó en manos del próximo presidente. Néstor Kirchner (2003-2007) revirtió muchas políticas neoliberales, promovió un desarrollo industrial que reactivó la presencia de los sindicatos, con quienes retomó una relación que incluyó el incremento de salarios y la implementación de medidas que restringieron la flexibilización laboral. También desarrolló un acercamiento con los movimientos de desocupados a través de planes y proyectos sociales que integraron la faceta productiva de sus miembros. El pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional dio más libertad a su gestión económica y su posición crítica a la política norteamericana en América Latina tuvo el acompañamiento de otros líderes regionales.
Los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) resultaron una continuidad con el de su esposo y antecesor, incluyendo la nacionalización de empresas estratégicas como YPF y el desarrollo de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH). También continuaron los juicios a responsables de crímenes durante la Dictadura y los derechos relacionados con la diversidad. Entre ellos se destaca la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) que convirtió a Argentina en uno de los primeros países en América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El enfrentamiento con los grandes productores agropecuarios marcó también estos gobiernos y favoreció su articulación con los sectores sindicales. Dado que se había recuperado del poder de negociación del movimiento sindical y su recomposición como actor sociopolítico, esta relación no estuvo exenta de tensiones, en especial en relación a indicadores económicos desfavorables en el segundo mandato.
Mauricio Macri (2015-2019) llego a la presidencia con una alianza de centro derecha denominada “Cambiemos” e incluyó en su gabinete a representantes de grandes empresas y grupos privados. La apertura económica y la expectativa de inversiones no tuvieron un correlato efectivo y el país estuvo en recesión la mayor parte del período. Las promesas de reducción de la pobreza y derrota de la inflación también se vieron frustradas, se produjo un deterioro de los indicadores sociales y la resistencia de organizaciones trabajadoras se expresó frente a proyectos de cambios en el régimen laboral y previsional. Por otro lado, el presidente recurrió al Fondo Monetario Internacional y produjo un endeudamiento que derivó en “fuga de capitales” y en un fuerte descrédito que lo llevó a perder las elecciones en 2019.
Nos encontramos en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, que nuevamente registra una alta inflación y fue golpeado por la pandemia Covid19 y el impacto de la guerra de Ucrania. Las organizaciones trabajadoras constituyen un amplio abanico que incluye principalmente a los sindicatos representados por la Confederación General del Trabajo (CGT), con diversas posiciones internas, pero también a la Central de trabajadoras y trabajadores argentinos (CTA), articulada en dos sectores. A ellos se suman las organizaciones que emergieron de los movimientos sociales y de desocupadas/os, como la Unión de trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Dentro de este panorama variado hay distintas formas de organización, estrategias de negociación y lucha. Pero resulta evidente que son un actor colectivo clave para la construcción de una democracia que incluya a todos los sectores, que promueva la participación activa y que reconozca y promueva los derechos sociales.
Daniel Giorgetti, Agosto 2023
